LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

En la actualidad el uso de dos conceptos, “legalidad” y “legitimidad” se ha intensificado, es común escucharlos en noticieros, en discursos políticos, y en cualquier charla cotidiana, resulta fácil confundir estos conceptos, o bien, utilizarlos como sinónimos, ya que casi siempre están relacionados, sin embargo, cada uno se refiere a situaciones distintas.

Para esclarecer el alcance de estos términos, analizaremos su definición:

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, legal es lo que está prescrito por la ley y conforme a ella. Mientras que legítimo se define como la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro cierto mandato. Como podemos ver, la legalidad es un concepto puramente jurídico y la legitimidad es un concepto de carácter político, relacionado con la ética y moral.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, una norma para ser considerada como legitima deberá cumplir con 3 elementos fundamentales, que son: validez, justicia y eficacia, en este sentido, podemos decir, que para ser válida, la norma necesita ser promulgada por un órgano competente o autorizado para ese fin, para ser justa, esta norma necesita ser percibida como buena para la mayoría, es decir, que favorezca al bienestar colectivo, y eficaz, pues al cumplirse con los dos elementos anteriores, será acatada de manera voluntaria por los ciudadanos a quienes va dirigida.

Es precisamente en estos contextos diversificados, en donde los principios de legalidad y legitimidad pueden entrar en conflicto, lo que facilita su manipulación por quienes detentan el poder, adecuándolos a sus intereses para aprobar e imponer determinaciones que no son  respaldadas por la mayoría de la sociedad, argumentando para justificarse, que se actúa “conforme a la ley”, sin embargo, el cumplir religiosamente con un ordenamiento jurídico, no es suficiente para invocar legitimidad, se requiere de un reconocimiento avalado por los ciudadanos, por las mayorías, quienes siempre terminan pagando las consecuencias de las malas decisiones, tomadas aún bajo el amparo de la más pulcra ley.

El estado moderno no puede convertirse en un gobierno legalista preocupado solo por cumplir estrictamente con tecnicismos jurídicos y olvidarse de su función originaria, que es la de velar por los intereses colectivos, o en otras palabras, cubrir las necesidades de organización, justicia y bienestar de la población. No se niega la importancia de cumplir con la legalidad en la administración de nuestros gobiernos, pero es fundamental que también se cumpla con la legitimación social de todos sus movimientos, pues ésta es la única forma de consolidar la democracia.

En este orden de ideas, si el derecho ha nacido a raíz de los cambios sociales y culturales, con el fin de servir a la comunidad, para brindar seguridad, bienestar y justicia, su aplicación debe ser congruente con su origen, es decir, conforme a las necesidades y circunstancias particulares de la sociedad, pues cuando los gobernados han participado en la elaboración de tales normas, se produce una legitimidad democrática; por lo que en congruencia a este razonamiento, el uso, creación o modificación de leyes para instaurar o justificar situaciones en donde los intereses colectivos son agraviados, resulta ilegítimo.

Al respecto, el Profesor Carlos Rivera Lugo en su obra La Rebelión de Edipo y Otras insurgencias jurídicas, menciona que la crisis de legitimidad que hoy padece nuestro Estado de Derecho se debe al hecho de su creciente incapacidad para satisfacer las diversas demandas y expectativas en competencia en nuestro país. Si estamos inmersos en un proceso de desintegración social es porque la sociedad en la que vivimos ya no le ofrece opciones reales de progreso a un sector significativo de nuestra población.

Para finalizar, queda claro que la legalidad y la legitimidad son dos principios que deben converger en perfecta armonía en un estado democrático autentico,  no se puede pensar en la legalidad por encima de todo, incluso de la voluntad popular, así como tampoco puede pensarse en la legitimidad como única condicionante para ejercer el poder, sin cumplir con los requisitos de legalidad correspondientes, pues la ley en su papel regulador, es la que genera las condiciones básicas para la igualdad en el ejercicio de los derechos y de las facultades entre gobierno y gobernados, evitando el abuso de poder y el autoritarismo; en este mismo sentido resulta válido asegurar que los ciudadanos tienen el derecho legítimo a exigir una participación más activa en la toma de decisiones que afectan su entorno, y si su participación no está prevista en las leyes, debe legalizarse, solo de esta forma podrá garantizarse el cumplimiento de estas dos condiciones fundamentales, para el adecuado funcionamiento de la sociedad.

Atte., 

Kenya.