Marcha por el Agua

Este 22 de abril se hace un llamado a autoconvocarse en favor de nacionalizar el agua. Protejamos el agua!!!

ESCASES HIDRICA CASO PETORCA

La acumulación de riqueza por parte de los empresarios no ha sido gratuita junto con la explotación y abuso laboral ha generado una inmensa devastación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de las comunidades. Es el poder económico que poseen y la estructura política que los protege lo que ha ido degradando y desapareciendo poco a  poco la pequeña agricultura campesina, contaminando los campos con monocultivos que solo deterioran el suelo e inducen la aplicación irracional de agroquímicos que afectan la salud de las personas que habitan en lugares aledaños a estos terrenos. Paralelamente los pequeños productores agrícolas están siendo menoscabados a lo largo y  ancho de nuestro país por los efectos que ocasiona la escasez del recurso hídrico.

La privatización del agua en Chile es amparado por una legislación, el código de agua,  que concede derechos de agua en forma gratuita y perpetua a privados; permitiendo además el arriendo y ventas de estos derechos generando el lucrativo negocio de las aguas.  La Provincia de Petorca no está ajena a esta realidad y está siendo apaleada por una de las sequías más severas de las últimas décadas y que se acrecienta debido a que las empresas extraen más agua de los derechos que legalmente tienen inscritos; la Dirección General de Aguas siguió entregando derechos de aprovechamiento de agua provisionales a pesar de que la Cuenca del Río Petorca fue declarada agotada el año 1997 y la Cuenca del Río Ligua el año 2004. Alrededor de 40.000 personas de la provincia  cuentan con menos de la mitad de los requerimientos hídricos necesarios para el agua de bebida y sus servicios higiénicos diarios, se ha transformado en una imagen cotidiana la circulación de camiones aljibes abasteciendo de agua a las comunidades.

En la comuna de Petorca alrededor del 80% de los suelos agrícolas son utilizados para la producción del monocultivo del palto. En las últimas décadas la superficie plantada pasó de 2.500 a 12.500 hectáreas plantados en laderas de cerro con suelos no aptos para este cultivo por ende los requerimientos hídricos de este frutal aumentan significativamente; una persona Para su abastecimiento de agua diario necesita 200 litros de agua comparándolo con los requerimientos hídricos de este frutal, un árbol necesita diariamente 200 litros por lo que en una hectárea se utilizan 80.000 litros de agua que podrían abastecer los requerimientos diarios de 400 personas.

 Durante el año 2011 a través de una vista aérea se pudo observar que en la Provincia existen alrededor de 90 piscinas de acumulación de agua en grandes empresas agrícolas cuyas entidades construyeron dicha infraestructura con alrededor de 231 millones de pesos que financió el gobierno a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), parece increíble que dentro de los subsidiados se encuentre el empresario Osvaldo Junemann, Director de Palta Hass, al cual se financió con alrededor de 85 millones de pesos. Ese mismo año se llevó a cabo un estudio satelital que en la práctica efectúa una radiografía a las capas del suelo,  el cual detecto 65 drenes realizados de forma ilegal ubicados a unos 20 metros de profundidad utilizados evidentemente para usurpar aguas. Lo anterior manifiesta una clara  vulneración para los habitantes de esta zona de un derecho humano tan fundamental como lo es agua, mientras ellos no tiene para sus necesidades básicas los grandes empresarios y políticos  siguen regando miles de hectáreas de paltos.

¿Bajo estas situaciones la institucionalidad pública ayudará a solucionar el problema? ¿Cómo habitantes de los territorios se puede articular con instituciones públicas que no funcionan? ¿La organización de los habitantes será la acción detonante para que sean sujetos activos en sus procesos sociales de transformación? ¿La mercantilización de un recurso tan indispensable como el agua es una vulneración de un derecho  humano?

¿El movimiento social está preparado para generar iniciativas que permitan recuperar el agua para los pequeños productores agrícolas apaleados severamente por la escasez hídrica?; éstas y más son las interrogantes que debemos proponernos y buscar soluciones que nos permitan como sujetos sociales aportar  en la construcción de una nueva sociedad con valores solidarios tanto con nuestros vecinos  como con los recursos naturales que se encuentran en nuestro entorno cotidiano.  

Atte.,

...V...

CONTEXTO DEL CASO AGUA EN CHILE

Legalidad/legitimidad: Como todo conocimiento dentro de las ciencias sociales estos dos conceptos están unidos, el ciudadano medio, muchas veces critica la ley, con varios argumentos y entre estos escuchamos “esta ley es ilegítima”, ¿Pero se podría afirmar ello de una ley de la república que cumple con todos los requisitos formales y materiales para ser suficientemente legitima según nuestro ordenamiento jurídico no lo es?, aquí entraríamos en un debate viejo cuyo fundamento y solución termina siendo la misma: cambio constitucional.

La constitución que hoy nos rige fue establecida en un gobierno de facto, más allá de todo el blanqueamiento político a la que ha sido sometida en las reformas constitucionales ese hecho básico e innegable sigue afectando a su núcleo duro. Los valores que ampara esta constitución son solo de unos pocos, una gran parte de la ciudadanía sabe que es injusta y que es un texto hipócrita que propone la igualdad con valor y derecho, y no es más que una declaración de “buenas intenciones” para esconder el trasfondo que propende a la división social en base a una protección exagerada al derecho de propiedad, más incluso que el derecho a la vida o la igualdad a la educación, derechos básicos para avanzar uniformemente como sociedad, sin dejar atrás a grupos de chilenos. Sabemos que es así y de una manera totalmente sumisa, como hace años atrás; se alega sobre la falta de consecuencia entre los valores de la sociedad chilena en su consumo y las leyes que la rigen, sin tomar acciones reales que inciten a cambiar la base hecha por las esferas de poder. Así el fantasma de la dictadura nos persigue, ya que nos dejó una herencia detestable como la constitución, y una falta de legitimidad en el sentido material, y espiritual, que se demuestra en la legislación actual. Este círculo vicioso tiene solución y está en educarnos y concientizarnos con la realidad, para que cuando llegue el momento de rebelarnos y tener la constitución que nos merecemos, sea democrática y consecuente, para no dejar a nadie atrás, y conectar sustancialmente legalidad y legitimidad dada por el pueblo de Chile.

¿Le temes a este cambio?...

Atte., 

Con esperanza, Una Chilena cualquiera.

LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

En la actualidad el uso de dos conceptos, “legalidad” y “legitimidad” se ha intensificado, es común escucharlos en noticieros, en discursos políticos, y en cualquier charla cotidiana, resulta fácil confundir estos conceptos, o bien, utilizarlos como sinónimos, ya que casi siempre están relacionados, sin embargo, cada uno se refiere a situaciones distintas.

Para esclarecer el alcance de estos términos, analizaremos su definición:

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, legal es lo que está prescrito por la ley y conforme a ella. Mientras que legítimo se define como la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro cierto mandato. Como podemos ver, la legalidad es un concepto puramente jurídico y la legitimidad es un concepto de carácter político, relacionado con la ética y moral.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, una norma para ser considerada como legitima deberá cumplir con 3 elementos fundamentales, que son: validez, justicia y eficacia, en este sentido, podemos decir, que para ser válida, la norma necesita ser promulgada por un órgano competente o autorizado para ese fin, para ser justa, esta norma necesita ser percibida como buena para la mayoría, es decir, que favorezca al bienestar colectivo, y eficaz, pues al cumplirse con los dos elementos anteriores, será acatada de manera voluntaria por los ciudadanos a quienes va dirigida.

Es precisamente en estos contextos diversificados, en donde los principios de legalidad y legitimidad pueden entrar en conflicto, lo que facilita su manipulación por quienes detentan el poder, adecuándolos a sus intereses para aprobar e imponer determinaciones que no son  respaldadas por la mayoría de la sociedad, argumentando para justificarse, que se actúa “conforme a la ley”, sin embargo, el cumplir religiosamente con un ordenamiento jurídico, no es suficiente para invocar legitimidad, se requiere de un reconocimiento avalado por los ciudadanos, por las mayorías, quienes siempre terminan pagando las consecuencias de las malas decisiones, tomadas aún bajo el amparo de la más pulcra ley.

El estado moderno no puede convertirse en un gobierno legalista preocupado solo por cumplir estrictamente con tecnicismos jurídicos y olvidarse de su función originaria, que es la de velar por los intereses colectivos, o en otras palabras, cubrir las necesidades de organización, justicia y bienestar de la población. No se niega la importancia de cumplir con la legalidad en la administración de nuestros gobiernos, pero es fundamental que también se cumpla con la legitimación social de todos sus movimientos, pues ésta es la única forma de consolidar la democracia.

En este orden de ideas, si el derecho ha nacido a raíz de los cambios sociales y culturales, con el fin de servir a la comunidad, para brindar seguridad, bienestar y justicia, su aplicación debe ser congruente con su origen, es decir, conforme a las necesidades y circunstancias particulares de la sociedad, pues cuando los gobernados han participado en la elaboración de tales normas, se produce una legitimidad democrática; por lo que en congruencia a este razonamiento, el uso, creación o modificación de leyes para instaurar o justificar situaciones en donde los intereses colectivos son agraviados, resulta ilegítimo.

Al respecto, el Profesor Carlos Rivera Lugo en su obra La Rebelión de Edipo y Otras insurgencias jurídicas, menciona que la crisis de legitimidad que hoy padece nuestro Estado de Derecho se debe al hecho de su creciente incapacidad para satisfacer las diversas demandas y expectativas en competencia en nuestro país. Si estamos inmersos en un proceso de desintegración social es porque la sociedad en la que vivimos ya no le ofrece opciones reales de progreso a un sector significativo de nuestra población.

Para finalizar, queda claro que la legalidad y la legitimidad son dos principios que deben converger en perfecta armonía en un estado democrático autentico,  no se puede pensar en la legalidad por encima de todo, incluso de la voluntad popular, así como tampoco puede pensarse en la legitimidad como única condicionante para ejercer el poder, sin cumplir con los requisitos de legalidad correspondientes, pues la ley en su papel regulador, es la que genera las condiciones básicas para la igualdad en el ejercicio de los derechos y de las facultades entre gobierno y gobernados, evitando el abuso de poder y el autoritarismo; en este mismo sentido resulta válido asegurar que los ciudadanos tienen el derecho legítimo a exigir una participación más activa en la toma de decisiones que afectan su entorno, y si su participación no está prevista en las leyes, debe legalizarse, solo de esta forma podrá garantizarse el cumplimiento de estas dos condiciones fundamentales, para el adecuado funcionamiento de la sociedad.

Atte., 

Kenya. 

¿LO MAS IMPORTANTE ES EL AGUA?

Dentro de la literatura que hace referencia a esta temática, la ONG Chile Sustentable publico el 2012 el libro “Conflictos por el Agua en Chile: Urgen Cambios Legales y Constitucionales en las Políticas de Agua”, allí nos presentan 15 casos, donde el derecho humano básico al agua y aun medio ambiente que asegure el bienestar a las generaciones futuras, se ve en conflicto por el accionar del “desarrollo país”, a través del funcionamiento de algún proyecto de Minería, Energía (hidroeléctricas, etc.), monocultivos forestales y agricultura extensiva. Ya que estos proyectos generan “situaciones” de contaminación de las aguas, y una utilización de las aguas que no permite asegurar el consumo básico de este elemento.

Dentro de los casos destacan en la zona norte: - El poblado de Cancosa frente a la minera BHP Billiton; -El poblado de Caimanes contra la minera Los Pelambres; - El proyecto de Los Pumas en la región Arica y Parinacota; El riesgo en Calama cuyas reservas de agua potable fueron vendidas por Aguas Antofagasta a Minera  Collahuasi en la región de Tarapacá; - Y en La localidad del valle del Huasco y la minera transnacional Barrick con su proyecto Pascua Lama (no mencionado en el libro).

A su vez en la zona Central; - El Movimiento por la defensa del agua y el medioambiente (Modatima) en Petorca- La Ligua  actualmente enfrentada en tribunales contra el ex ministro Pérez Yoma; - Aes Genera, impulsor del  proyecto Alto Maipo enfrentado a las organizaciones locales  del Valle del Maipo, en Santiago; - Agricultores y las hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Tinguiririca, el Maule y Ñuble.

Mientras tanto en la zona Sur; - El Proyecto de Endesa en Neltume vulnera los derechos indígenas y al el ecosistema único en la región de los Ríos; - El monopolio de los derechos del agua por Hidroaysen, y los derechos de la población local y la integridad de la Patagonia. En esta área se observa una masificación de proyectos hidroeléctricos de impacto ambiental nocivo, menoscabando el turismo y el desarrollo económico local sustentable, sin mencionar la vulneración del convenio 169 de la OIT.

Dentro del contexto actual donde observamos una normativa, una clase política, empresas transnacionales, y un sistema global que vulnera derechos tan elementales como la seguridad humana al acceso del agua, la búsqueda de una solución que permita el desarrollo país sin dejarnos sin agua, se hace cada vez más necesaria, pero esta debe surgir de un empoderamiento de nuestros derechos y deberes, que permita la generación de una conciencia colectiva de la realidad legitima de bienestar en los planos sociales, ambientales, institucionales - normativos, espirituales, económicos, etc, de forma consensuada y justa a los individuos, la sociedad y al medio ambiente, ya que actualmente la pasividad, indiferencia, y la falta de corresposabilidad de cada uno ha generado este sistema de vida. La pregunta que surge  es ¿Qué está haciendo cada uno para asegurar el acceso y la calidad del agua?

Atte., 

Ecogente21.